Con Cartes la derecha
está de fiesta y se ha vuelto más agresiva; sus políticas antipopulares y antinacionales
constituyen un paquete atentatorio contra el pueblo paraguayo. No le basta con
intentos de privatización y enajenación de los bienes públicos, con favorecer
alevosamente a empresarios extranjeros, agroexportadores y a sus instrumentos
locales. Ha agregado desde inicios de su gobierno una política basada en la
fuerza militar, policial e incluso paramilitar en donde las leyes, los fiscales
y jueces actúan con total funcionalidad a los intereses de esta agresividad contra
los pobres, las organizaciones y sus dirigentes.
Militares, policías,
civiles armados han desembarcado en nuestras comunidades y han instalado sus
cuarteles, comisarías y puestos para desde ahí operar la maquinaria represiva
contra el pueblo. Intentan hacernos creer que estos organismos “no cumplen su
tarea”, que porque no encuentran al EPP “no están haciendo lo que tienen que
hacer”.
Sin embargo, las incursiones con saña, allanamientos, asesinatos,
encarcelamientos, persecuciones, imputaciones, acusaciones, órdenes de captura,
detenciones, abusos de todo tipo son solo algunas de las demostraciones del
deber cumplido y el efectivo papel que vienen realizando, cuyo objetivo es
atemorizar y que el miedo se convierta en el paralizador de cualquier intento
de protesta, lucha u organización.
Con el gobierno de
Cartes, la violencia y la represión desde el Estado van en aumento, avaladas y
calificadas por los imperialismos, especialmente el imperialismo norteamericano:
a pocos meses de haber asumido Cartes, el embajador de dicho país en Paraguay
(James Thessin) felicitaba a Cartes y a su ministros “como un buen paso y mayor acción de un país serio”. Días pasados el
sub-secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Alex
Lee, visitaba nuestro país para “seguir apoyando el progreso significativo
del Paraguay en el campo de la democracia y el crecimiento económico del país”.
Debido a las
contradicciones existentes en los centros de poderes, han salido a la luz
pública los más evidentes elementos sobre la penetración y profunda influencia
del narcotráfico y la mafia en la política e instituciones de nuestro país, ya
mencionadas en la proclama del Partido Paraguay Pyahura. La narcopolítica, la
corrupción, las acusaciones de aquí y allá han saltado a la vista de todos y
todas, expresando que esto constituye el funcionamiento de este modelo de
Estado y una práctica cotidiana de dominación, expoliación y de mayor
acumulación de riquezas y poderes en donde politiqueros, empresarios, latifundistas
y ganaderos son parte activa de este sistema.
Cartes, con un
desgaste importante y agobiado por debilidades políticas y presionado por la
propaganda que focaliza sobre él y sobre su propio Gobierno, convocó a una
“cumbre de poderes” intentando dar una salida mediática a una situación que,
bien sabe, puede volverse insostenible.
El mayor contenido y
el resultado de esta cumbre se pueden ver en la preparación de mecanismos legales
que, como supuesto combate al narcotráfico, vayan afianzando aún más leyes para
reprimir al pueblo, ya que la primera acción es que la Comisión Nacional de la
Reforma del Código Penal y Procesal penal comenzó el estudio de este documento
para plantear modificaciones. No es casual que las reuniones de esta comisión
se realicen en Mburuvicha Róga.
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