Artículo publicado en la Revista Paraguay Pyahura Ryapú N° 10 - Febrero/2014
Con el nuevo rumbo, la
derecha está de fiesta. Con un eficiente capataz, ligado al imperialismo norteamericano,
en la administración de sus intereses, en cuatro meses de gestión recibe el
respaldo de EE.UU mediante su embajador en Paraguay en diciembre de 2013
“nosotros estamos felices con el Presidente Cartes y sus ministros. Es un buen paso y
mayor acción de un país serio”, aseveró James
Thessin a una radio capitalina.
Las medidas tomadas, tanto políticas
como económicas, benefician de manera directa a los sectores agroexportadores, empresariales
inescrupulosos, latifundistas, todos enemigos del desarrollo nacional. Estas
medidas se ejecutan con la complicidad y la anuencia de muchos parlamentarios,
fiscales, jueces y el aparato
represivo del Estado. Nuestro partido, Paraguay Pyahurã,
ya lo caracterizaba como un
Rumbo Peligroso en la edición número 9 de esta revista.
MEDIDAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS ANTINACIONALES Y ANTIPOPULARES:
Una de las primeras “obras de
gobierno” fue la de concentración del poder en el Ejecutivo, con anuencia
del parlamento nacional, mediante la modificación de la Ley de Defensa Nacional
que permite a Cartes el uso de
las fuerzas armadas sin más
trámites que su decisión individual, logrando el
objetivo de la propaganda de los
sucesivos hechos de violencia ocurridos en el departamento de Concepción que desde
un inicio se parecían más a actividades de provocación por parte de grupos
protegidos por ganaderos, mafiosos, latifundistas cuyo objetivo es generar
medidas represivas contra el pueblo. Aparece nuevamente el “enemigo
interno” donde las ocupaciones de tierra o de instituciones, los cierres de rutas,
lucha contra el modelo agroexportador, las
huelgas u otras medidas de lucha del pueblo en su búsqueda permanente por la transformación son sospechados de terrorismo o simplemente mal vista, calificada por la derecha,
judicializada e intervenida por policías y militares.
La llamada Ley de Alianza Público Privada que
significa saqueo y la entrega de empresas
productoras de bienes
y servicios y recursos
naturales por 40 años
a empresas privadas y capitales principalmente extranjeras. Es
una ley absolutamente antinacional porque se incluyen sectores
estratégicos para la economía nacional que afecta gravemente la posibilidad de
desarrollo económico soberano. En su mentado programa de “lucha contra la pobreza”,
podemos afirmar claramente que es más de lo mismo. No se muestran acciones
concretas además de la distribución esporádica de víveres y semillas
para cultivo de autoconsumo, lo que de ninguna manera se puede tomar como una política seria de lucha contra
la pobreza, sino una política
de lucha contra los pobres. Además de que esta caricatura de Plan es absolutamente insuficiente,
ineficaz y miserable, ha sido salpicado por varios hechos de corrupción.
La Ley de
Responsabilidad Fiscal, que bajo el fundamento
engañoso de “gastar lo que se tiene” es para mantener los privilegios y
despilfarros del sector minoritario, mientras que significará la negación al pueblo de la satisfacción
de sus necesidades.
El veto del impuesto
a la
soja (1 a 10% sobre la exportación en estado natural), que
beneficia directamente a los agroexportadores, el sector que
menos aporta al desarrollo y que
absorbe casi toda la riqueza del país, hecha
luz a la verdadera dirección que toma el rumbo de este gobierno. Hoy, este modelo
es seriamente cuestionado por los sectores que luchan por un modelo de desarrollo
basado en la producción agrícola industrial,
donde la producción
sea garantizada mediante la
distribución de la tierra y la reforma agraria, único medio para acabar con la
pobreza.
Los famosos asesores ad-
honorem que mantiene Cartes en
varias instituciones estatales, que como el caso del presidente del Banco Amambay y asesor
en la Secretaría Nacional Antidrogas, no es otra cosa que la
institucionalización del uso de civiles armados, ya que el mismo participa
activamente en las incursiones armadas de la SENAD. Es
claro que estos asesores, políticamente, buscan garantizar la implementación
efectiva de los negocios particulares de Cartes y su equipo al interior de las empresas e instituciones públicas.
El modelo
productivo agro- exportador constituye uno de los pilares de la política
económica oligárquica ligado a los imperialismos implementadas en nuestro país en
donde la mayor
concentración de la tierra, la expulsión de paraguayos y paraguayas de sus
comunidades, el envenenamiento masivo producido por la fumigación de sojales, la
aniquilación de los cultivos de autoconsumo constituyen consecuencias para nuestro
pueblo sentidos principalmente por el campesinado que viene organizándose, luchando
y resistiendo bajo la dirección de la FNC, lo que trajo consigo campesinos baleados,
encarcelados, imputaciones por doquier,
presencia de civiles armados, disparos de intimidación realizados por los
mismos sojeros. Y es que la agro-exportación
es el modelo que impera en nuestro país y
seguirán intentando la expansión
de sus cultivos a costa
de lo que sea.
El mar de dinero y riquezas con lo que hoy se privilegian no les basta, quieren seguir y para
ello seguirán valiéndose de sus instrumentos: politiqueros de turno,
jueces, fiscales y otros. Además de estas medidas, apenas iniciado el año 2014,
el pueblo se desayunaba con el aumento de la tarifa del pasaje en un 20%, favoreciendo
a uno de los sectores
amigos y donde más corrupción, informalidad y alto grado de deficiencia en
el servicio se han registrado históricamente. La suba del precio del gasoil y
la correspondiente suba de la canasta básica, persecución a pequeños comerciantes
(paseros) de productos argentinos liberando de todo control a las grandes
cadenas de supermercados y comercios, represión a manifestaciones
populares, imputaciones, entre otros. Son sólo muestras de las acciones de gobierno dirigidas al pueblo.
La impunidad
absoluta de la mayoría de los parlamentarios, donde innumerables
hechos de corrupción salieron a la
luz pública,
escándalo
ante
la descarada ostentación y despilfarro del dinero público, además de la aprobación de leyes antipopulares y
antinacionales como
la APP, generó una ola de indignación
y repudio de la ciudadanía hacia los parlamentarios, motivando
una serie de movilizaciones, protestas y escraches. La mayoría de los senadores
y diputados de los partidos tradicionales están absolutamente complicados con la política de
Cartes donde el parlamento confirma
y evidencia descarnadamente
que se ha convertido en un “mercado”
donde todo se vende y se compra.
En medio de la aplicación de
estas políticas, la persecución al pueblo organizado se hace más evidente
con las medidas represiva que aumentan a pasos agigantados combinando acciones policías, militares,
civiles armados, fiscales y jueces; un rápido avance hacia la fascistización.
RESISTENCIA
DEL PUEBLO:
A
pesar de los intentos de contener las movilizaciones, el pueblo resiste
y se levanta contra
estas medidas antinacionales y antipopulares que implementa Cartes y sus cómplices. Tanto en la ciudad
como en el campo, las movilizaciones populares se intensifican haciendo resonar
consignas contra la APP y a favor
de la Huelga General, contra la suba
del pasaje, contra
el modelo de producción agroexportador, contra los hechos de corrupción
registrados en la administración pública.
En este
escenario,
el PPP fue uno de los protagonistas
principales discutiendo en los barrios y comunidades
las consecuencias nefastas que traerán estas políticas del gobierno y la
necesidad de la organización y lucha del pueblo. Nuestro partido fue uno de los
propulsores y protagonistas activo de la presión popular
antes estas injusticias y no en vano
ha caracterizado los primeros 100 días del gobierno de Cartes como 100 días de militarización,
entrega, represión e imputación
