15 de julio de 2014

Contra la privatización y la violencia de Estado, por tierra y trabajo



Movilización nacional – agosto 2014
13 y 14 en las regiones
15 en Asunción
De izq. a der. Teodolina Villalba, secretaria general de la FNC; Eladio Flecha, secretario general del Partido Paraguay Pyahura;
Katia Gorostiaga, representante de Kuña Pyrenda; y Najeeb Amado, secretario general adjunto del Frente Guasu.
Rueda de prensa frente al Panteón de los Héroes.
Convocan: Partido Paraguay Pyahura, Frente Guasu, Federación Nacional Campesina (FNC), Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras y Rurales (CONAMURI), Kuña Pyrenda, Corriente Sindical Clasista (CSC), 15 de Junio, Frente Recoleta, Frente Patriótico Popular y la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP SN).
Como un seguimiento de las luchas encaradas durante la pasada huelga general, cuya reivindicación principal fue la derogación de la Ley de Alianza Público Privada (Ley APP), organizaciones políticas y sociales nos movilizaremos a nivel nacional en agosto próximo, CONTRA LA PRIVATIZACIÓN Y LA VIOLENCIA DEL ESTADO, POR TIERRA Y TRABAJO. Las movilizaciones serán el 13 y 14 en las regiones, con un acto central el 15 en Asunción. El objetivo es ir fortaleciendo la fuerza de resistencia contra la política antinacional y antipopular del Gobierno de Horacio Cartes.

Contra la privatización
El artículo 52 de la Ley APP (N° 5.102) habilita privatizar todo el patrimonio nacional, los servicios básicos brindados por empresas públicas como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones (COPACO), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), la Industria Nacional del Cemento (INC), Petropar, rutas nacionales, hidrovías, aeropuertos internacionales de nuestro país, entre otros.

Consideramos que el Estado debe utilizar las empresas públicas como palanca del desarrollo nacional. Este papel del Estado es aún mucho más imperioso para nuestro país, tomando en cuenta la inexistencia de un capital nacional con fuerza propia capaz de impulsar el desarrollo; por lo cual necesariamente el Estado debe intervenir en la economía e invertir en sectores estratégicos para impulsar la producción y de este modo el desarrollo nacional.

No defendemos el Estado que tenemos: oligárquico, antipopular y antinacional, sectario y discriminador, prebendario y corrupto, que propició la desnaturalización de la función pública. Defendemos un Estado de nuevo tipo: un Estado nacional que responda a los intereses de la mayoría, con mecanismos institucionales que posibiliten el control de la sociedad, en sus acciones y toma de decisiones.

En la huelga general del 26 de marzo pasado fueron protagonistas el campesinado pobre, obreros y obreras, trabajadores y trabajadoras y el pueblo en general, quienes vieron resurgir en la lucha concreta una esperanza, un porvenir, y se sienten confiados en la fuerza de sus organizaciones para seguir luchando. Tenemos experiencia en la conquista organizada de nuestras reivindicaciones: en el 2002 frenamos el proceso de privatización a través de la derogación de la Ley 1.615. Por esto, es nuestra obligación histórica materializar la derogación de la Ley de Privatización, mal llamada APP, cuyo objetivo es enajenar todo el patrimonio nacional, entregando todos los bienes del Estado y atentando contra la soberanía de nuestro país.

La grave situación de nuestros 300.000 compatriotas víctimas de las inundaciones es muy clara: el Gobierno antinacional y antipopular aprovecha la desgracia de la gente para reutilizar las tierras en donde estaban asentadas estas miles de familias y colocarlas al servicio del capital transnacional. Es criminal e inhumana la actuación del gobierno cartista al no atender con seriedad el problema de las inundaciones y al contrario promover la partidización y la prebenda con migajas para generar de vuelta conflictos entre las familias carenciadas. Esto es ejercicio de la violencia para la privatización excluyente de las mayorías.

Contra la violencia del Estado
El Estado que hoy tenemos viola sistemáticamente los derechos humanos de la mayoría de la población paraguaya, negándonos el acceso a la tierra, a la salud, a una educación pública gratuita y de calidad, a un trabajo digno. Esta situación de gran exclusión y violación de los derechos humanos de la mayoría se mantiene en base a la represión, con particular saña contra el campesinado pobre y sectores organizados que luchan por transformar el Estado para orientarlo hacia la satisfacción de los intereses del conjunto de la sociedad democrática.

Las imputaciones y apresamientos al campesinado en lucha, la persecución a la dirigencia sindical (últimamente de los gremios de trabajadores de la educación), la modificación de la Ley de Defensa Nacional (que posibilitó la militarización de amplias regiones del país, dando facultades al Ejecutivo a decidir la incursión de las FFAA sin la participación del Congreso Nacional) van consolidando una política fascista que utiliza cada vez más a las fuerzas represivas (fiscalía, policía y sistema judicial) para criminalizar a los sectores organizados que plantean la transformación del Estado para que responda a los intereses de la mayoría.

Desde este Estado oligárquico, racista y patriarcal se implementa además una violencia sistemática contra las mujeres pobres, sobre todo contra las organizadas y en lucha; y contra los sectores indígenas que históricamente luchan por tierra, por territorios ancestrales y una vida digna. La impunidad de los latifundistas y agroexportadores para contratar civiles armados que intervienen en conflictos sociales sustituyendo a los organismos del Estado inclusive es una muestra del sometimiento de las autoridades actuales a los poderes fácticos que operan en el país.

Tierra y trabajo
El latifundio es la principal traba estructural para un modelo de desarrollo que beneficie a la mayoría de los paraguayos y paraguayas. La reforma agraria implica de la producción primaria ligada a la industria nacional, lo cual significa absorber la mano de obra desocupada, principalmente de los jóvenes existentes en nuestro país, que hoy son mayoría en nuestra población.

El latifundio está estrechamente ligado al modelo agroexportador, que genera poquísimo empleo porque concentra la tierra y las riquezas, apuesta a la exportación de materia prima sin pagar impuestos e impide el desarrollo de industrias que generen puestos de trabajo y un desarrollo genuino del país. Hay una gran cantidad de desocupados y desocupadas y quienes tienen algún empleo están sometidos a una gran explotación sin ninguna protección de sus derechos por parte del Estado. Al contrario, el Estado a través de sus políticas avala esta explotación  y avanza en su intención de aplastar más y más a los trabajadores y trabajadoras, siguiendo lo expresado por el presidente Horacio Cartes: “usen y abusen del Paraguay”.

El pueblo organizado quiere seguir luchando contra todas estas injusticias, por lo cual invitamos a todos los sectores democráticos de la sociedad a sumarse a los debates y movilizaciones regionales y en Asunción. Porque la lucha es un proceso de organización y acumulación de fuerzas, y la confrontación con estos sectores retardatarios, antinacionales y anti populares seguirá creciendo. El cambio sólo depende de la fuerza de nuestras organizaciones, que se construye y fortalece con la profundización de la participación política directa de la mayoría.

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